6402 es una cifra que se convirtió en símbolo de uno de los hechos más deshumanizantes de la guerra y la injusticia en Colombia. Desde el año 2021, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó el universo provisional de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, más conocidos como falsos positivos. De allí surgió la cifra de 6402 víctimas de este crimen que ahora cambia por una nueva más numerosa.
Contabilizar el horror de nuestra historia como país, con más de nueve millones de víctimas reconocidas de un interminable conflicto armado ha requerido de un trabajo de investigación y sistematización muy detallado que han recopilado las distintas entidades del Estado. La JEP ha sido clave en ese proceso. Recientemente, y tras haber anunciado que sus investigaciones continúan y por tanto los datos pueden modificarse, la JEP actualizó la cifra a 7.837 de víctimas de falsos positivos en Colombia.
Estas ejecuciones extrajudiciales se toman en consideración dentro del Macrocaso 3, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas por militares como bajas en combate contra las guerrillas. El nuevo balance supera ampliamente las 6.402 reportadas previamente y es resultado de los avances del Grupo de Análisis de la Información (GRAI), como explicó el magistrado y presidente de la entidad, Alejandro Ramelli.
El incremento responde a la ampliación del periodo de análisis que hizo el GRAI. En un inicio se contemplaron hechos ocurridos entre 2002 y 2008, pero la revisión más reciente abarca un rango más amplio, desde 1990 hasta 2016. Este ajuste permitió identificar 1.435 víctimas adicionales, elevando el total nacional documentado hasta el momento.
La JEP subrayó que esta cifra corresponde exclusivamente al Caso 03, centrado en ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública. Por la naturaleza de las investigaciones en curso, el dato se considera dinámico y podría aumentar.
Los datos consolidados por la JEP provienen de diversas fuentes, entre ellas informes de víctimas recopilados desde 2018, así como el cruce de bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Las disputas por la memoria y la verdad
Para colectivos de víctimas como la Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), la cifra de 6.402 casos ha sido una bandera para visibilizar ante el país la magnitud de las ejecuciones extrajudiciales con participación de agentes del Estado. Ahora acogen este nuevo número de 7.837. Sin embargo, a pesar de los avances de la justicia transicional tras el Acuerdo de paz de 2016 y de las investigaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, persisten sectores que cuestionan tanto la veracidad de esta cifra, como el carácter sistemático de estos crímenes con responsabilidad de la fuerza pública.
En el ámbito político, figuras como el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, son ejemplo de estas disputas sobre la verdad y la memoria. En noviembre de 2024, el congresista intervino una obra conmemorativa dedicada a las víctimas al retirar y desechar las botas que simbolizaban a los jóvenes asesinados en Soacha y otras regiones para presentarlos como guerrilleros. No se trata de un caso aislado, pues dirigentes del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, han insistido en narrativas que niegan o minimizan la gravedad de estos hechos.
Otro momento que sintetiza estos desencuentros públicos sobre la memoria lo representó la creación del mural “Las cuchas tienen razón” y los posteriores intentos de cubrirlo, lo que terminó multiplicándolo en varias ciudades del país. El mural, que hace alusión a la lucha de las buscadoras de familiares desaparecidos por ocasión del conflicto armado, interpeló a la sociedad que de un lado u otro decidió apoyar esta visibilización, o prefirió acallarla.
En todo caso, no es extraño que en procesos de justicia transicional como el que atraviesa Colombia con entidades como la JEP surjan disputas en torno a la verdad y la memoria del conflicto armado. Los investigadores sociales Gabriel Ruiz Romero y Marije Hristova señalan en su artículo Comisionar la verdad y la memoria en la sociedad, que quizás más allá de buscar una verdad oficial, estos procesos tienen un valor social y político que radica en su capacidad de crear nuevos marcos de comprensión de lo ocurrido. La ampliación de la cifra de víctimas de los falsos positivos es una oportunidad para ver precisamente más allá del número e indagar las razones que dieron origen a estos hechos violentos, abrir espacios de escucha y no perder de vista que hay una historia de exclusión donde la guerra ha afectado de manera desproporcionada a algunos sectores de la sociedad marginados que no han sido parte de ese relato oficial.
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